Nota de opinion, de Adriana Puiggros
Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
El conflicto que protagonizan los docentes es un saldo de los graves problemas que causaron a la educación las políticas de desguace del Estado que culminaron en el gobierno menemista. Durante ese gobierno los docentes defendieron con garra el sistema de educación pública; cuando cayó el menemismo sus salarios eran de hambre y las escuelas estaban cerca de la destrucción. El ayuno en la Carpa Blanca triunfó, logrando el 18/11/98 que el Congreso aprobara la ley 25.053, que estableció un fondo especial de incentivo salarial (Fonid). Ese fondo se destinó a una asignación especial, mensual, de carácter remunerativo de igual monto por cargo docente y fue ratificado por los sucesivos gobiernos como un instrumento de emergencia. Pero sólo el gobierno de Néstor Kirchner lo encaró como parte de una estrategia de recomposición del sistema de educación pública, inscribiéndolo en la Ley de Financiamiento del Sistema Educativo (26.075/05). Esa estrategia se verifica en la inversión del 6,47 por ciento del PBI en educación (meta de la ley de financiamiento), en la construcción de 1400 escuelas, el reparto de 1,8 millón de computadoras y libros, el programa de finalización de los ciclos educativos (Fines) y otras políticas de alcance universal destinadas a cumplir con la igualdad ante el derecho a la educación. Los salarios de los docentes alcanzaron un nivel de dignidad y registraron periódicos aumentos.
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